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    Leticia Vita

Al hablar de derechos, se suele apelar a que se tiene derecho a algo: derecho a ser libres, a tener salud, derecho a la propiedad o derecho a la vivienda. En este sentido decir que tengo derecho a, equivaldría a afirmar que es posible reclamar o exigir algo (el cumplimiento de una regla) a alguien (el Estado). Pero el concepto de derecho también involucra una dimensión objetiva. El derecho consiste en una serie de normas (que pueden ser escritas o no, normas de costumbre o también principios) que regulan nuestra vida en sociedad. Desde esta perspectiva, podemos distinguir al menos dos sentidos de la palabra derecho: el derecho objetivo, compuesto por una serie de normas que regulan nuestra vida cotidiana y el derecho subjetivo, que consiste en la posibilidad que tenemos de exigir que esas reglas sean cumplidas.

 

Es habitual pensar nuestros derechos –tanto en la dimensión objetiva como subjetiva–desde un enfoque nacional. Es decir, solemos hablar de un derecho argentino, un derecho paraguayo, un derecho brasileño. Por ello, reclamamos o exigimos que el Estado argentino o el paraguayo garanticen el derecho a la vida, a la salud o a la libertad de expresión. Pero comúnmente perdemos de vista el hecho de que nuestra vida cotidiana se rodea de otros niveles normativos. En otras palabras, nos encontramos sumergidos en una multinormatividad que excede el ámbito territorial nacional. Hoy en día no es sólo el Estado nacional quien produce y aplica el derecho, sino que existen otras instituciones regionales e internacionales que se encargan también de ello.

 

“Los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR: recuerdan que la Operación Cóndor, articulación represiva de los países de América del Sur iniciada 40 años atrás en el contexto de los regímenes autoritarios que asolaron la región, constituyó el proceso de represión estatal coordinado más grave vivido en América del Sur y debe ser condenada de forma vehemente; declaran el compromiso de la región de seguir trabajando para consolidar la preservación de la memoria, la búsqueda del derecho a la verdad y el imperio de la justicia, como pilares indispensables de nuestras democracias; […] y reiteran que no permitirán jamás la repetición de las situaciones vividas en esa etapa trágica de la historia, caracterizada por un retroceso institucional, graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pérdida de valiosas vidas. Declaración de la XXVII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR sobre los 40 años del Plan Cóndor. 26 de noviembre de 2015. Asunción.

 

Los derechos que regulan la vida en común no se limitan a los Estados nacionales; también existe el derecho regional y en nuestro caso, el derecho del Mercosur. Este derecho puede definirse, en un sentido restringido, como aquellas normas que dictan los órganos que toman decisiones en el MERCOSUR: el Consejo del Mercado Común, el Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur. Sus decisiones deben aplicarse en la región de manera obligatoria. En un sentido más amplio, también incluimos dentro de este concepto a los Tratados, los Protocolos, las Declaraciones y otras normas no obligatorias que regulan la vida en la región.

 

Pero este derecho no se encuentra flotando por encima del derecho nacional sino que constantemente interactúa con él y busca ser incorporado a los ordenamientos nacionales. Este proceso se conoce como internalización del derecho del Mercosur (que tiene un carácter supranacional) a los ordenamientos jurídicos de cada país miembro. Esta incorporación requiere de actos que realicen estos países pero también de acuerdos a nivel regional, ya que implica, de alguna manera, una tendencia hacia la uniformalización de la manera en que se regulan ciertos asuntos en nuestros países. Así, ciertas áreas del derecho se enfrentan a mayores desafíos a la hora de la internalización, ya que no es lo mismo incorporar normas que ordenen cómo circulan las personas entre los países del MERCOSUR que controlar cómo deberían ser las condiciones de trabajo o cómo debería organizarse la justicia en la región.

 

Pensar al derecho en clave regional permite tomar conciencia que hay normas, más allá de las nacionales, que regulan la vida cotidiana y que tienen un impacto sobre ella. Al mismo tiempo, permite ser conscientes de la dimensión subjetiva del derecho, es decir, reconocer que existen normas a nivel regional que conforman nuestra ciudadanía y que pueden ser exigidas, igual que las nacionales. Así, existen derechos y una protección de esos derechos, también en el nivel del MERCOSUR.

 

Una de las normas más importante del MERCOSUR es el Tratado de Asunción (1991) que dio origen al proceso de integración y se complementa con una serie de protocolos que regulan aspectos que este tratado no contemplaba, como el Protocolo de Ouro Preto (1994), sobre la estructura administrativa del MERCOSUR, o el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (1998), entre otras. Estas normas regionales giraron –en un primer momento- en torno a la regulación económica y paulatinamente fueron incorporando dimensiones sociales: el Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos (2005) y el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (2005) son dos ejemplos que dan cuenta de este cambio. Así, el derecho regional ha venido incorporando una lógica que excede la meramente comercial para ocuparse de asuntos tales como el de los Derechos Humanos.

 

Este es sin duda uno de los más grandes desafíos y de las mayores potencialidades con las que se enfrenta el derecho del MERCOSUR: avanzar hacia una mejor y mayor protección y garantía de los derechos en el nivel regional. En 2009 los Estados miembros acordaron crear el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, una instancia de cooperación técnica, investigación aplicada y apoyo a la coordinación de políticas públicas en derechos humanos en la región, pero también un ámbito para aportar ideas sobre los derechos humanos como uno de los ejes fundantes del proceso de integración regional.

 

Así, el respeto de los derechos humanos es un aspecto esencial del proceso de construcción de ciudadanía y de derechos a nivel regional; esto es de los derechos que los Estados miembros del MERCOSUR reconocen a los ciudadanos de los demás países que lo integran y los derechos humanos que reconocen los países del bloque a nivel general más allá de la nacionalidad de las personas. Este y otros avances pueden ser pensados como un esfuerzo con vistas a intentar salvar la brecha entre derechos reconocidos y derechos efectivos en la región. Hablar de políticas públicas en materia de derechos humanos en el MERCOSUR implica, entre otras cosas, hablar de políticas comunes en materia de Memoria, Verdad y Justicia respecto de la comisión de violaciones masivas y sistemáticas en la región; de la prevención de la violencia institucional y el diseño de políticas de igualdad y no discriminación, especialmente orientadas hacia los derechos sociales y la dimensión colectiva de los derechos.

El Dato

El Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del MERCOSUR establece la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales como condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre los países que la conforman. El Protocolo establece que ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países, los Estados pueden solicitar la suspensión de ese país del derecho a participar en los órganos del Mercosur, así como la suspensión de derechos y obligaciones emergentes del acuerdo regional.

¿Qué podés ver y leer?

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR cuenta con un sistema de información donde podrás encontrar documentos sobre:
    la institucionalidad en derechos humanos del MERCOSUR y de sus Estados Parte (incluye una muestra de 200 instituciones y mecanismos de articulación estatales dedicados a la promoción y protección de los DDHH), el acervo documental Cóndor (con material bibliográfico y multimedia y una guía para la utilización de archivos y fondos documentales), una serie de publicaciones especializadas.
Entre éstas destacamos: Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (2014) Documento de Trabajo Nro. 2 Ganar Derechos. Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos, Buenos Aires: IPPDH. El documento apunta a colaborar con planificadores, implementadores y evaluadores de políticas y servicios públicos sobre el modo de incorporar y/o consolidar la perspectiva de derechos en las políticas sociales, a la vez que promueve la reflexión en torno a la construcción de una institucionalidad pública consistente con este enfoque. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/ganar-derechos-lineamientos-para-la-formulacion-de-politicas-publicas-basadas-en-derechos/

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